Divulgación de la información y fomento del diálogo

Los gobiernos están obligados a través de las directivas a hacer pública la legislación introducida contra la discriminación «por todos los medios apropiados» y a asegurarse de que todo el mundo tenga conocimiento de su contenido y de la protección que ofrece, así como de las sanciones por infringirla. Al mismo tiempo, adoptarán medidas para fomentar el diálogo entre los «interlocutores sociales» — es decir, las organizaciones empresariales y sindicales — así como con organizaciones no gubernamentales (ONG), para divulgar el principio y la práctica del trato justo. Por ello, los gobiernos deberían fomentar la adopción de prácticas laborales, códigos de conducta y convenios colectivos que resalten la importancia de la no discriminación y que se basen firmemente en el principio de tratar a todo el mundo con igualdad y de forma justa.