Defensa de los derechos y el derecho a compensación

Las directivas destacan que cualquier persona que sea víctima de discriminación o que considere que ha sido tratada injustamente como consecuencia de sus características personales debería tener los medios adecuados para recibir protección jurídica y un derecho real de compensación (es decir, que permita corregir la situación). Los gobiernos de cada país pueden decidir libremente si esto se realizará a través de procedimientos judiciales — por ejemplo, mediante la vía penal o civil — o mediante medidas administrativas, a través de los tribunales. Los gobiernos también pueden elegir fomentar el camino de la conciliación y establecer un sistema para solucionar casos de trato injusto de forma voluntaria a través de la discusión en vez de utilizar la vía legal.

Las directivas imponen la obligación a los gobiernos de asegurar que las personas que presenten una demanda por trato injusto tengan el derecho a ser apoyadas y representadas por su sindicato o por asociaciones u organizaciones especializadas. Asimismo, deben asegurarse de que las sanciones adoptadas en los casos en que haya existido discriminación sean «efectivas, proporcionadas y disuasorias». En otras palabras, las sanciones por discriminación deberían estar relacionadas con el daño que se ha producido y deberían actuar como factor disuasorio ante un comportamiento de este tipo.

Para reforzar aún más la protección, se requiere de los gobiernos que introduzcan leyes con las que la carga de la prueba en los procedimientos civiles (aquellos casos en los que no haya imputaciones penales) sea compartida entre la persona que presenta la demanda por trato injusto y la persona contra la cual se ha presentado la demanda. Esto significa que la responsabilidad de demostrar o refutar las alegaciones esté dividida entre ambas partes. La persona que presenta la demanda tiene que demostrar primero que los hechos son reales y que se ha producido una discriminación (que existen pruebas prima facie de ello) y que por tanto hay que responder a la causa. La persona acusada de discriminación tiene que demostrar que no actuó injustamente y que su actuación se basó en motivos legítimos. Es por tanto obligación del acusado convencer al juzgado o tribunal de que no se comportó de forma discriminatoria. Y no se espera de la persona que presenta la demanda por discriminación que aporte pruebas concluyentes de ello, ya que es algo que difícilmente puede hacer desde su posición.

Asimismo, los gobiernos están obligados a vigilar que las personas que presentan la demanda por discriminación estén protegidas debidamente de represalias o venganzas, ja que si no ésto podría impedirles ejercer su derecho a la igualdad de trato. Esto también es válido para los testigos de casos de discriminación que deberán recibir la misma protección ante represalias, para alentarlos a testificar. Por ello, los gobiernos deben adoptar medidas para disuadir a aquellas personas acusadas de discriminación de actuar de esta manera. Estas medidas, especialmente, tienen que proteger a los empleados contra la posibilidad de despido si presentan una demanda o emprenden una acción judicial contra los empresarios o si aportan pruebas en casos de trato injusto.